“Excomulgamos y entregamos a Satanás a las cabezas del alzamiento”. Así empezaba el Edicto de Excomunión Mayor del obispo de La Paz, Remigio de la Santa, en 1809. Este edicto estaba dirigido a los líderes de la Junta nacional representativa de Tuición, que se había formado en julio de ese mismo año, como réplica de lo que había pasado en Montevideo, en Charcas y en España, donde también se crearon juntas de autogobierno ante la invasión napoleónica a la península ibérica y las abdicaciones de Bayona. La excomunión era una pena grave, ya que implicaba dejar a estos hombres fuera de la comunidad de fieles en una sociedad absolutamente regida por la religión católica. En La Paz, el obispo acompañó esta medida con una aún más drástica: financió y tomó las armas en contra de quienes sostenían la Junta. Ese mismo año, De la Santa logró escapar de la prisión a la que había sido sometido por los insurgentes, se adentró en la yunga paceña, y desde Irupana pidió refuerzos al gobernador de Potosí. Ordenó que todos los curas se convirtieran en capitanes de los indígenas para luchar contra las tropas revolucionarias y que se fundiesen todos los instrumentos de labranza de metal para hacer puntas de flechas y lanzas ante la falta de armas.
Los estudios sobre curas y sobre la jerarquía eclesiástica en el espacio rioplatense al momento de la revolución son dispares. Para diócesis como la santacruceña, es poco lo que sabemos hasta el momento respecto de la actitud de la máxima autoridad eclesiástica en la región ante los cambios que se estaban desarrollando. Lo cierto es que en los casos en los que sí tenemos información, podemos concluir que quienes ocupaban los escalafones más altos de la estructura diocesana tuvieron ante la revolución que siguió a la crisis de la monarquía en 1808 una actitud reticente o contraria a la formación de gobiernos autónomos.
La educación de estos hombres en parte explica esta actitud. En general, habían sido formados en un marcado regalismo. Esto significaba que se les había transmitido una profunda lealtad hacia la figura del monarca, que debían transmitir a los curas a su cargo y a la feligresía. La conducción de estos hombres, a cargo de arzobispos charqueños como San Alberto o Moxó y Francolí, dos representantes del más acentuado regalismo en América y compenetrados con la impronta de los Borbones, también pudo haber influido. Arzobispos como San Alberto eran modelos a seguir para sacerdotes y fieles y escribieron obras clave que formaron al clero americano en esta doctrina.
Por ejemplo, Benito de Lué y Riega, obispo de la diócesis de Buenos Aires, era peninsular, y en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 se declaró a favor de que el virrey se hiciera cargo de la junta de gobierno que se formaría en nombre del rey cautivo, afirmando “que no solamente no había que hacer novedad con el Virrey, sino que, aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese subyugada, los españoles que se encontraban en América debían tomar y reasumir el mando de ellas, y que esto solo podría pasar a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese quedado un español en él”.[1] Conformada la Junta, y durante el periodo inicial de la revolución, el obispo de Buenos Aires solo despertó desconfianza a las autoridades y se lo acusó de resistirse a acatar las disposiciones de la Junta. Lué y Riega murió en 1812 “inhabilitado para desarrollar su ministerio, ignorado oficialmente por la Junta”,[2] en medio de sospechas de haber sido envenenado por curas de la catedral.
Inmediatamente después de la creación de la Junta en Buenos Aires, surgió el problema sobre la legitimidad y legalidad de ese cuerpo. Entre otras medidas, sus autoridades decidieron enviar expediciones armadas a las distintas partes que conformaban el virreinato para que se reconociera su autoridad. En Córdoba, la comitiva que llegó en junio se encontró con la noticia de que los integrantes del cabildo, junto con otros importantes miembros de la sociedad cordobesa, habían huido y se dirigían al norte del virreinato con la intención de unirse a tropas que permanecieran fieles al rey. El grupo, que incluía, entre otros, a Liniers —exvirrey y héroe de las invasiones inglesas—, iba acompañado por el recientemente nombrado obispo de Córdoba, Rodrigo Antonio de Orellana. La expedición revolucionaria interceptó a los fugitivos durante su huida y, en el paraje rural de Cabeza de Tigre, todos los rebeldes fueron fusilados. Todos excepto uno: el único sobreviviente fue Orellana. Fusilar a un obispo en 1810 hubiese sido incurrir en un pecado mortal. La drástica decisión conmocionó a la ciudad de Córdoba. El obispo, pese a haber salvado su vida, fue confinado en prisión en la Guardia de Luján, actual localidad de Mercedes, cerca de Buenos Aires, bien lejos de su obispado, debido a la desconfianza que despertó en la dirigencia revolucionaria desde agosto de 1810 hasta octubre de 1811. En 1811 regresó a Córdoba, pero a partir de 1815 estuvo preso nuevamente, aunque esta vez en el Convento de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Santa Fe. Este último confinamiento duró hasta 1818, momento en el cual escapó a Río de Janeiro y se embarcó rumbo a España.
En el resto de las diócesis del Río de la Plata el panorama fue similar, aunque con particularidades propias de cada contexto. Tras haber rechazado la adhesión a la junta que se había formado en Buenos Aires en mayo de 1810, la élite de Asunción llevaba a cabo su propia revolución contra la metrópolis in 1811. En ese contexto, el obispo Pedro Ignacio García de Panés se mostró indeciso. Primero mostró fidelidad al rey, pero ante las presiones de la élite local trató de mantenerse ajeno a los asuntos políticos. Esto le ocasionó durante su prolongado mandato el ostracismo en su propia diócesis, donde murió en 1838.
En Salta, Nicolás Videla del Pino se mostró opositor a la Revolución. En 1812, Belgrano interceptó unas cartas que demostraban que el obispo mantenía contacto con Goyeneche, general del bando realista. Y ante la sospecha de sedición fue llevado preso a Buenos Aires. En 1814 fue absuelto, pero las marchas y contramarchas del gobierno revolucionario evitaron que volviera a gobernar su diócesis.
Para el Virreinato del Río de la Plata, y el resto de las partes que conformaban la monarquía, la religión católica significaba un marco cultural común. En este contexto, los obispos eran figuras tan relevantes como un gobernador, o incluso un virrey. La llegada de un obispo a cualquier poblado era un acontecimiento celebrado con ornamento en las calles y la comunidad solía recibir a la comitiva con mucho entusiasmo. La actitud de estas figuras de referencia para las comunidades del virreinato puede de alguna manera contribuir a dar una explicación sobre la dimensión y prolongación de la guerra en el Río de la Plata.
La reticencia de muchas de las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato a reconocer la legitimidad de las juntas que se estaban creando, y de asumir el cambio político que se estaba llevando a cabo, de alguna forma nos permite entender y dimensionar cuánto costó que la revolución triunfara.
↑ [1] Barral, María Elena y Fradkin, Raúl Osvaldo. "Una crecida mies con algunas espinas: la visita diocesana en contexto". En La visita del obispo Lué y Riega, coordinado por María Elena Barral. (Prohistoria, 2021), p. 30.
↑ [2] Roberto Di Stefano, El púlpito y la plaza. (Siglo XXI, 2004), p. 103.
↑ [3] Extraído de Lucas Bilbao, María Laura Mazzoni y Juan Ignacio Quintián. Atlas histórico y geográfico de la Argentina : siglo XIX. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2026).